En Europa se cultiva un maíz GM (Mon 810) en 5 de los estados miembros (España, Portugal, República Checa, Eslovaquia y Rumanía) sobre un total de cerca de 150.000 hectáreas [datos Comisión Europea]. Y se consume mucho más: en efecto, para satisfacer la gran demanda de carne la Unión necesita más de 36 millones de toneladas de soja al año para alimentar a los animales. Sin embargo, la Unión produce solo 1,4 millones de toneladas de soja (no GM, por cuanto el cultivo de soja genéticamente modificada no está autorizado en la UE). Así pues, el 
sector ganadero de la Unión depende de terceros países en una medida significativa para la producción de piensos animales. En 2013 la Unión importó 18,5 millones de toneladas de harina de soja y 13,5 millones de toneladas de soja, que representan más del 60% de las necesidades de proteínas vegetales de la Unión.
La legislación europea impone el etiquetado de cualquier alimento o pienso que contenga o esté compuesto o producido con un OGM, a menos que su presencia en el producto sea inferior al 0,9%, o que resulte accidental o técnicamente inevitable. La legislación de la UE no prohíbe el uso de etiquetas “OGM-free”, y Austria, Francia y Alemania las han adoptado para alimentos y piensos.
El 2 de abril entró en vigor el nuevo sistema de autorización para el cultivo de los OGM en Europa: ahora los estados miembros pueden prohibir o limitar los cultivos GM por motivos relacionados, entre otros, con objetivos de política ambiental o agrícola, u otros factores preponderantes como la planificación urbana o territorial, el destino de los suelos, los impactos socioeconómicos, la coexistencia y el orden público. Desafortunadamente, sin embargo, la directiva es demasiado vaga respecto de los motivos ambientales que un Estado puede invocar para motivar su decisión, y deja lugar a las reclamaciones en los Tribunales de Justicia por parte de la agroindustria. Por otra parte, la prohibición o limitación de cultivos GM en el territorio de un Estado no puede limitar en modo alguno su circulación por el territorio del país autor de la prohibición.
Este mismo problema se plantea ahora con la nueva propuesta de la Comisión sobre la importación de alimentos y piensos GM. La Comisión propone modificar la legislación a fin de conceder a los Estados miembros mayor libertad de limitación o prohibición del uso de OGM autorizados a nivel de la UE en los alimentos o en los piensos que se comercialicen en su territorio.
El 61% de los ciudadanos europeos considera que los alimentos GM no son seguros (datos Eurobarómetro). Y sin embargo, el pasado abril la Comisión Europea autorizó la importación de 19 plantas genéticamente modificadas, de las que 10 son para uso alimentario, siete para uso en los piensos y dos para flores ornamentales cortadas. Jamás había sucedido que tantos OGM quedaran autorizados en tan solo una jornada. A día de hoy los OGM autorizados en la UE suman 58 con fines de alimentación humana y animal (entre ellos maíz, algodón, soja, colza y remolacha azucarera).
Los expertos, no obstante, subrayan que el riesgo de los OGM no ha sido investigado de forma exhaustiva. En particular, no se ha evaluado el riesgo del efecto en nuestras dietas de la combinación a un mismo tiempo de varios OGM. Siete de los 19 OGM autorizados se han manipulado para resistir a cuatro diferentes grupos de herbicidas: pero no se ha evaluado el impacto de los residuos de pesticidas y el efecto cocktail de varios pesticidas juntos. Tres tipos de soja GM tienen una composición alterada de los aceites, de los que algunos elogian sus propiedades beneficiosas para la salud: pero no se ha realizado análisis alguno para comprobar tales propiedades. El maíz autorizado se ha manipulado genéticamente para devenir más tolerante a la sequía, pero no parece existir ventaja significativa alguna respecto de otras variedades convencionales. Y sobre todo, existen incertidumbres sobre los riesgos para la salud humana de este maíz. Y aún más, los expertos están preocupados respecto de la colza GM de la Monsanto, que podría difundirse de manera incontrolable a causa de derrames del producto durante su transporte.
«La ofensiva contra la agricultura de calidad es hoy muy descarada y radical». Con estas palabras Cinzia Scaffidi, vicepresidenta de Slow Food Italia, comenta la decisión de la Comisión Europea. «Con estas decisiones sobre los OGM por un lado, y las negociaciones sobre la ATCI (Ttip por sus siglas en inglés) por otro, al ciudadano no le queda más salida que ejercer una resistencia igual de radical. Políticamente, dejamos de confiar en quien no parece tener otra referencia que no sean las multinacionales, que día a día minan nuestra salud y el bienestar de nuestro planeta con su modo de tratar a los alimentos como mercancía. En privado nos hemos de pertrechar para poder elegir nuestros alimentos, para conocer con exactitud qué comemos, para cuidar de nosotros mismos y de los demás a partir del momento en que quien nos representa no tiene intención alguna de hacerlo. Los productores de alimentos de calidad son muchos y cada vez más accesibles. Confiémonos en ellos. No es cierto que estemos condenados ya a comer OGM: si los ciudadanos no los compran, quienes los producen no tendrán ningún interés en hacerlo».